Ahora quienes cobran los $4.430 pueden realizar talleres o trabajar en cooperativas. Con el nuevo plan deberán completar la primaria y secundaria.
El Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales. Ahora los beneficiarios deberán terminar la primaria y el secundario o realizar talleres de capacitación como contraprestación.
El plan de la gestión de Mauricio Macri contemplará la eliminación de los programas «Argentina Trabaja» y «Ellas Hacen» y la creación de uno nuevo, «Hacemos Futuro», que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.
Es que el programa tiene dos ejes programáticos. El primero comprende la»Educación Formal Obligatoria», por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.
«A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria», establece uno de los lineamientos del plan.
«Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona», dijeron en el Gobierno.
Luego, los beneficiarios podrán profundizar su «Formación Integral» y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.
«La idea es empoderar a las personas, garantizando en principio que concluyan sus estudios; y, luego, que se capaciten a través de cursos y prácticas para tener más chances de insertarse en el mercado laboral», explicó una alta fuente al tanto del plan que pergeñaron entre la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y el secretario de Economía Social Matías Kelly, cuyo padrino político, Mario Quintana, supervisó todo desde Jefatura de Gabinete.
Así, la gente podrá optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación.
«Se va a invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero o de un jefe político que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista de lugares dónde ir a formarse», se entusiasmaron en el Gobierno.
De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público -un punto reclamado por Macri- como obras de infraestructura.
La intención inicial del Gobierno fue ampliar la cantidad de entes ejecutores, donde los 261.000 beneficiarios de planes que cobran los $4.430 por mes que les paga el Estado realizan alguna actividad a cambio.
Sólo basta con repasar estimaciones oficiales para entender el impacto sobre los movimientos: alrededor de 60 mil beneficiarios de planes pertenecen a organizaciones sociales, como CTEP, CCC y Barrios de Pie. Pero el Gobierno no se quedará ahí.
Sucede que, además, cada uno de los 50 entes de las organizaciones reciben $12.000 al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores.
Es decir, en forma global se trata de unos $720 millones. Con este giro, dejarán de recibirlos.
Con todo, esta medida, que se anunciará en las próximas horas, también golpeará a municipios: no sólo en lo económico, dado que muchos se constituyeron como entes y perciben $18.000 al año por cada beneficiario, sino porque hay intendentes que utilizan el personal para tareas de mantenimiento.
Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.
