Catorce provincias, entre ellas Santa Cruz y Jujuy, las más complicadas, firmaron ya con el gobierno nacional el Convenio de Asistencia Financiera, en el marco del ‘Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas’, que implica que para el mantenimiento de la refinanciación de la deuda las jurisdicciones deberán cumplir con un Programa de Sustentabilidad de Finanzas Públicas.
El subsecretario de Relación con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Paulino Caballero, explicó que Buenos Aires «está próxima a firmar y Catamarca tratará el acuerdo previamente en la legislatura», mientras que detalló que «La Pampa, Santiago del Estero, el Gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, Formosa, San Luis y Santa Fe no tienen deuda con la Nación».
En cambio, puntualizó que las que firmaron son, además de Santa Cruz y Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Tierra del Fuego, Corrientes, Chubut, Misiones y Córdoba, en tanto que especificó que San Juan y Río Negro «continúan con el esquema anterior, no necesitan firmar».
«El Programa de Sustentabilidad tiene entre sus metas alcanzar la convergencia al equilibrio primario y cumplir con los parámetros de transparencia establecidos en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidad Fiscal», explicó el funcionario, cuya subsecretaría está en la órbita del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.
Caballero agregó que otro objetivo «es optimizar la gestión de la política de recursos humanos en la administración pública de las provincias, procurando la redistribución eficiente de los recursos y priorizando la reorganización interna del personal de planta permanente y de planta transitoria de todas las jurisdicciones».
El subsecretario, quien además tiene a cargo el estudio de una nueva Ley de Coparticipación y la reforma tributaria en impuestos provinciales, recordó que «el nuevo acuerdo va en línea con los compromisos asumidos en la Carta de Intención para el Fortalecimiento del Federalismo, suscripta el 2 de agosto de 2016, en Córdoba, entre el Gobierno nacional, las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Caballero apuntó que el programa «será evaluado trimestralmente» por su cartera y advirtió que «su cumplimiento condicionará la continuidad de este acuerdo».
El subsecretario precisó, ante el pedido de detalles sobre las provincias más endeudadas, que en Santa Cruz «se nota un desmanejo de la política pública por parte del anterior gobernador (Daniel Peralta, FpV), que tuvo una «política de incorporar personal permanente» y advirtió que lo mismo ocurrió en Jujuy, con el ex gobernador Eduardo Fellner (FpV).
«En Jujuy y Santa Cruz se nota un desmanejo de la política pública de los gobernadores anteriores que tuvieron una política de Incorporación de personal permanente, dedicándose solamente al pago de salarios y descansando en que toda la obra pública y todos los gastos de infraestructura y productivos lo haga el Estado nacional», afirmó Caballero.
«Eso hoy nos deja en una situación en la que hay que buscar un período de transición, algo gradual que lleve a fortalecer al sector privado y al sector la infraestructura de la provincia, sin generar ningún trauma desde el punto de vista social y sin que tengan que usarse los recursos del sector público», explicó Caballero.
El funcionario insistió en que las provincias que «tienen más que tienen más problemas son las de Santa Cruz (a cargo de la gobernadora Alicia Kirchner), a la que estamos asistiéndola permanente con anticipos financieros y con un monitoreo de un programa de sustentabilidad, y Jujuy, que tiene una planta muy sobredimensionada en función de la herencia que recibió el gobernador Gerardo Morales».
En relación a la anterior administración de Jujuy, explicó que hubo «una dinámica de incorporar mucha planta de personal en los últimos 4 ó 5 años, lo que llevó a una planta a 80.000 cuando en el 2007 era de 35.000 empleados».
Caballero advirtió que existe entonces «más que una duplicación de la planta y además había una dinámica de pasar los planes sociales a la órbita provincial y eso llevó a que hoy el gasto corriente de esta provincia sea, sin otro margen, para pagar salarios, y que la obra pública esté muy supeditada a algún tipo de financiamiento nacional o externo o a obras que haga directamente el Estado nacional».
La diferencia, aclaró, es que la provincia de Santa Cruz «tomó deuda el año pasado en el mercado doméstico de créditos, con la colocación de un préstamo en torno a los $ 800 millones» y Jujuy «no lo hizo» aunque agregó que «este año sí va a salir al mercado con la colocación de letras a corto plazo».
Otra provincia que «hoy está complicada» es la de Buenos Aires, apuntó el funcionario, ya que indicó que «tiene un deuda histórica por parte de todo el sistema federal, que tiene que ver con el Fondo del Conurbano (creado en 1992 pero al que cuatro años más tarde se le puso un tope y quedó con una suma fija), cuyo reclamo (de actualización) está en la Justicia (ante una presentación de la gobernadora María Eugenia Vidal)» y el año pasado estuvo en $ 50.000 millones y este año estará por arriba de los $ 60.000 millones, que si lo cuantificamos es prácticamente el déficit que tiene la provincia».