¿Sos proveedor del Estado nacional? ¿Estás pensando presentarte a un proceso de licitación pública?
La Ley Nacional Nº 27.401, vigente a partir del 1 de marzo de 2018, establece un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas y la facultad de que éstas desarrollen un plan integral de transparencia interna (también denominado compliance).
En efecto, a partir del 1 de marzo de este año, aquellas personas jurídicas que no desarrollen su programa de transparencia quedarán imposibilitadas de contratar con el Estado Nacional y participar de licitaciones públicas (Decreto 277/2018 – Poder Ejecutivo Nacional).
COMPLIANCE
La normas introducidas por la nueva legislación indican que las empresas podrán realizar programas de integridad y transparencia de cumplimiento (Compliance), el cual es definido por la World Compliance Association como “un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos” (World Compliance Association).
RESPONSABILIDAD PENAL APLICABLE A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, las personas jurídicas privadas serán responsables penalmente por los siguientes delitos:
a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional.
b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
- c) Concusión.
- d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
- e) Balances e informes falsos agravados.
Las penas aplicables a las personas jurídicas son: 1) Multa; 2) Suspensión total o parcial de actividades; 3) Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; 4) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; 5) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; 6) Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
El hecho de realizar un sistema de control y supervisión adecuado (compliance) previo al hecho del proceso, más otras conductas simultáneamente establecidas en la Ley, genera que la Persona Jurídica quede eximida de pena y Responsabilidad Administrativa.
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