En la comisión de Legislación, presidida por el edil radical Martín Arjol obtuvieron dictamen dos ordenanzas referentes a la transparencia en la gestión. Por un lado, la creación de un sistema de control ciudadano del crecimiento patrimonial de los funcionarios, y por otro la conformación de una oficina anticorrupción.
En la última reunión de la comisión de Legislación, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento del Concejo Deliberante posadeño se discutieron distintos mecanismos de transparencia pública y se avanzó en la conformación de sendos dictámenes referentes a la cuestión.
De esta forma, la comisión, presidida por el concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Arjol, trabajó en la ordenanza que propone la creación de un sistema de acceso público a la información para que la ciudadanía pueda conocer y controlar el crecimiento patrimonial y financiero de quienes ejercen las funciones públicas.
La norma se basa en la reglamentación del artículo 174 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad que estipula que el intendente debe presentar su declaración jurada patrimonial.
De acuerdo a lo que indicó el concejal Arjol, la iniciativa «prevé que los funcionarios presenten la Declaración a los 30 días de tomar posesión del cargo, además de renovarla anualmente. La última deberá ser presentada al finalizar el mandato». «El objetivo es que las cuentas sean claras, que la ciudadanía tenga certeza de la patria potestad de los funcionarios y los capitales. En caso de falsedad o incumplimiento también se prevén multas», detalló el legislador.
Oficina anticorrupción
De la misma manera, obtuvo dictamen en la comisión la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción. La normativa, cuya autoría es del concejal Daniel Amarilla, contempla la conformación de un equipo profesional con abogados y contadores que controlen e investiguen las actuaciones de gestión y también recepcionen sobre determinados hechos las quejas de los vecinos.
Este equipo será conformado por profesionales que no tengan ningún tipo de vínculo social, económico, político o familiar con agentes municipales o del deliberativo, de forma excluyente.
«Con esto garantizaremos la total transparencia y responsabilidad a la hora de actuar ante una situación o hecho que denote corrupción en cualquiera de los ámbitos públicos a los que atañe», detalló el legislador Arjol.
Ambos dictámenes serán votados en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.