En octubre del 2018 el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) aprobó un procedimiento de regularización de viviendas alquiladas de manera ilegal.
En ese sentido, María Silvia Julia, gerente social del Iprodha indicó que hay 20 expedientes confirmados en trámite de poder regularizar a favor de la persona que estaba ocupando la vivienda.
“Las viviendas del Iprodha son del Instituto hasta tanto la persona no cancele la totalidad de las cuotas y tenga el título o un trámite del título en mano”, aclaró.
En la resolución reglamentaria 205/18, el Iprodha recuerda que el objetivo principal es la promoción y adjudicación de viviendas sociales, destinadas a familias del sector más vulnerable de la sociedad, que no se encuentran en condiciones de acceder a la vivienda única a través del mercado inmobiliario tradicional. Plantean haber tenido conocimiento que con el paso del tiempo, “el destino dado por algunos adjudicatarios de dichas soluciones habitacionales han transgredido las normas, a través de su utilización como parte de una actividad lucrativa”.
Aclaran que “hasta tanto el adjudicatario no cancele las cuotas de amortización de las viviendas sociales entregadas a través del Iprodha, éstas son propiedad del instituto, y por lo tanto su arrendamiento, entre particulares, configura una actividad delictiva, estipulada en el artículo 173 del Código Penal (defraudación)”.
En resguardo de los más vulnerables, y de los objetivos del Iprodha, se habilita un procedimiento de regularización de viviendas alquiladas de manera ilegal, por el cual se revoca la adjudicación original y se readjudica la vivienda a toda persona y su grupo familiar, que esté en condiciones de demostrar que alquila y habita una vivienda otorgada por la entidad.
Fuente: El Territorio
