El obejetivo es visibilizar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los adultos mayores que habitan las distintas residencias de larga estadía de la ciudad.
El Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, elevó el pedido al Concejo Deliberante de la ciudad capital para su análisis. Además, pidió la adhesión a la Ley nacional 27.360, sobre la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores e instituir el 23 de octubre de cada año como el Día de la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
«Con estos proyectos pretendemos visualizar la situación de los establecimientos y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores que se alojan en ellos y así buscar que el Estado propenda a trabajar en políticas públicas y mecanismos jurídicos pertinentes para lograr la protección más eficaz a los derechos fundamentales de las personas mayores. Creemos esencial construir políticas que permitan expresar desde los propios adultos mayores la necesidad de ser reconocidos como ciudadanos con sus derechos y obligaciones así como incorporar en los procesos de toma de decisiones de los gobernantes las opiniones, aportes y demandas de este grupo social», explicó el defensor.
