Pacientes de distintas provincias del país, que reciben atención y tratamiento en hospitales de Buenos Aires, quedaron al borde del desalojo por una deuda de 7 millones de pesos que arrastra Desarrollo Social de la Nación, desde septiembre de 2017, con los hoteles donde personas en esa situación reciben hospedaje.
En ese marco, la Provincia de Misiones tuvo que solventar la estadía de diez pacientes, con sus familias, en distintos alojamientos de Capital, hasta que la Nación cumpla con los pagos atrasados.
Se trata de un esfuerzo importante, ya que se tuvo que disponer de recursos que no estaban en el presupuesto con tal de garantizar que los enfermos misioneros no corten sus tratamientos.
Si bien la cesación de pagos que arrastra la Nación con los hospedajes data desde septiembre, el escándalo salió a la luz el viernes, cuando algunas familias decidieron hacer pública y contar la incertidumbre en que viven, ya que el Estado tampoco está depositando una ayuda de 800 pesos que se prevé en estos casos para afrontar gastos de movilidad y otros.
Desarrollo Social de la Nación dejó de pagar, desde septiembre de 2017, a los hoteles y alojamiento donde se quedan familiares y pacientes de todo el país que están cursando tratamiento en distintos hospitales.
Entre las que se encuentran en peor situación unas 60 familias del interior (Misiones, Santiago del Estero, Catamarca) que tienen chicos trasplantados, con cáncer o leucemia en el Hospital de Pediatría Garrahan.
La situación saltó a la luz pública la semana pasada con la denuncia de las personas del interior del país que tienen familiares en distintos hoteles de la capital.
Desde la Nación indicaron que esta semana se estaría en vías de solución para evitar los desalojos.
“Desde septiembre de 2017 no se pagan los alojamientos. Si no lo hacen e incumplen con los acuerdos, nos desalojan”, contó angustiada Natalia, una sanjuanina y mamá de Mateo (5 años), con hidrocefalia y tumor en el pulmón.
La mujer explicó que su provincia no se hace cargo de su caso, por no disponer de fondos para ello, y denunció que si no se resuelve el conflicto, hoy se quedan “en el aire”.
“También nos quitaron los 800 pesos que percibíamos por quincena en la tarjeta social y que usábamos para comprar yogures y la carne para cocinar diariamente. El año pasado, en diciembre, ya nos habían sacado el beneficio de la tarjeta, pero después de estar suspendida dos meses, nos volvieron a dar. Ahora nos dijeron que será cortada de forma definitiva”, lamentó.
