El tribunal ratificó la decisión de primera instancia dictada por el juez Casanello. Por esa causa está preso el empresario Lázaro Báez.
El fallo lleva la firma de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi quienes resolvieron sobre la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) contra el fallo de Casanello.
Ambos organismos habían impugnado el fallo con el que Casanello afirmó que «no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada», en el marco de la causa de lavado de dinero contra Báez.
Sobre la apelación de la OA y la UIF, los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que «las objeciones de las querellas, que encierran en definitiva un disenso con la cuestión de fondo, se exhiben insuficientes como para justificar una sanción procesal que invalide el resolutorio».
«Con relación a los planteos que tildaron de infundada y arbitraria la decisión del magistrado de grado se observa que el juzgador ha expresado las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar la decisión criticada, y se advierte, más allá de su acierto o error, la existencia de una conexión lógica entre las conclusiones y las premisas valoradas», remarcaron Llorens y Bertuzzi.
Más allá de respaldar la decisión de Casanello, los camaristas sostuvieron que aún resta «corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre».
La idea de que Báez podría ser un testaferro de la exmandataria fue introducida en el expediente por el valijero Leonardo Fariña, quien sostuvo que, frente a una comunicación de la Embajada de los Estados Unidos, Fernández de Kirchner le habría pedido a Báez que sea más prudente con los movimientos de dinero.
«Luce como acertado proceder también a la evaluación de los dichos del contador Víctor Manzanares, los de Juan Manuel Campillo, como así también los de José López y cualquier otra declaración brindada en el marco de la ley 27.304», sostuvieron los jueces de la Cámara Federal en referencia a las declaraciones brindadas por imputados de la causa de los cuadernos.
Tanto el ex secretario de Obras Públicas José López, como el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, fueron admitidos como arrepentidos en la causa de los cuadernos, pero aún no ocurrió lo mismo con Manzanares, quien pidió ser arrepentido y declaró ante los fiscales del caso pero aún no fue aceptado por el juez Claudio Bonadio por lo que su declaración no fue incorporada al expediente.
Fuente: Ámbito